JUDICIALES
MORON: Desalojarán tres juzgados federales de Morón por falta de pago del alquiler
Una orden judicial estableció que el 4 de diciembre tienen que dejar el inmueble y todavía no tienen un destino para mudarse. El Consejo de la Magistratura apeló el desalojo. Estos tribunales investigan el crimen organizado -como narcotráfico, secuestros extorsivos, trata de personas y corrupción- en una zona caliente del conurbano bonaerense. Los tres juzgados tienen 150 empleados, reciben entre 10 y 15 mil causas por año y dictan seis mil sentencias anuales.
El próximo 4 de diciembre, los tres juzgados federales de primera instancia de Morón -que tienen 150 empleados y miles de causas que investigan el crimen organizado- deberán abandonar el edificio que hoy ocupan y aún no tienen otro inmueble al que mudarse. A esta situación se llega por una sentencia judicial que ordenó el desalojo luego de un conflicto entre el dueño del lugar y el Consejo de la Magistratura de la Nación, encargado de la administración del Poder Judicial de la Nación.
El inmueble en cuestión se encuentra en Crisólogo Larralde 673, dónde operan los juzgados federales 1, 2 y 3 desde hace más de 10 años.
La propiedad seria del Sr. Jorge Azariu.
La historia comenzó en 2007 cuando se firmó el primer contrato de alquiler que se extendió hasta 2013. Ante una nueva negociación no hubo acuerdo para su extensión. Sin embargo, los juzgados continuaron funcionando allí.
En 2020, el Consejo dictó una resolución por la cual dispuso ejercer la ocupación temporal anormal del inmueble hasta que la Administración General reubique los juzgados, se disponga la ocupación temporal normal, o se proceda a la expropiación del inmueble por causa de utilidad pública.
Azariu inició un juicio de desalojo que terminó ganando. Y denunció que «se le deben al menos 40 mil dólares en concepto de alquileres. »
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el 4 de diciembre el inmueble debe ser desalojado.
Mientras tanto, el Consejo tomó dos medidas: La primera fue presentarse hace 10 días en la justicia para pedir que no se ejecute la sentencia de desalojo hasta que el juicio concluya. Y la segunda fue pedir, en 2020, al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, que el gobierno nacional envíe un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte del Poder Judicial de la Nación el inmueble. El proyecto ingresó un año después al Senado de la Nación y fue enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El tema aún no ha sido tratado.
Según fuentes del Consejo de la Magistratura, ya se visitaron innumerables inmuebles y se consultaron más de 50 inmobiliarias de la zona para alquilar otra propiedad. Se estarían evaluando 2 inmuebles, pero el lugar debe contar con un amplio espacio donde se pueda montar una alcaidía ya que los juzgados tienen que contar con espacio para alojar a personas privadas de la libertad.
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