DESARTICULAN UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL LAVADO DE ACTIVOS DEL JUEGO ILEGAL EN LÍNEA
HUBO 53 ALLANAMIENTOS Y 18 DETENCIONES. La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, y contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto. También participaron la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección Gral. de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). A pedido del MPF, las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y efectuadas por 340 efectivos de la Gendarmería Nacional, a través de su Escuadrón Buenos Aires, la Unidad de Delitos Económicos y el Departamento de Investigación de Delitos Tecnológicos.
Hay más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional. La organización habría blanqueado más de 4,4 millones de dólares del juego ilegal online, a través de una sofisticada red de testaferros, la creación de más de 30 sociedades pantalla y la compra de una flota de aproximadamente 200 vehículos. La cifra podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de 17.000 millones de pesos teniendo en cuenta las últimas transferencias detectadas.
Tras una compleja investigación de más de dos años, los allanamientos fueron solicitados por el fiscal federal Santiago Marquevich y el fiscal general Diego Velasco. Hay más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional. La organización habría blanqueado más de 4,4 millones de dólares del juego ilegal online, a través de una sofisticada red de testaferros, la creación de más de 30 sociedades pantalla y la compra de una flota de aproximadamente 200 vehículos. La cifra podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de 17.000 millones de pesos teniendo en cuenta las últimas transferencias detectadas.
El Ministerio Público Fiscal llevó adelante una investigación de alta complejidad que derivó ayer en un megaoperativo simultáneo en el que se concretaron 18 detenciones en 53 allanamientos realizados en distintas localidades del conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis, con el objetivo desarticular una organización criminal estructurada que desde al menos 2014 se dedicaba a canalizar y blanquear activos de origen ilícito obtenidos a partir de plataformas de apuestas online clandestinas.
La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, y contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto. También participaron la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), cuya titular es María del Carmen Chena.
A pedido del MPF, las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y efectuadas por 340 efectivos de la Gendarmería Nacional, a través de su Escuadrón Buenos Aires, la Unidad de Delitos Económicos y el Departamento de Investigación de Delitos Tecnológicos. La coordinación del MPF con los equipos de trabajo de la fuerza de seguridad federal estuvo a cargo de los secretarios Emanuel Pelegrina y Jorge Rodríguez Ponte, de la Fiscalía de Hurlingham y la PROCELAC, respectivamente.
En su dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado un total de 39 detenciones, por lo que aún hay más de 20 personas prófugas a las que ayer la fiscalía les pidió la captura nacional e internacional.
El sindicado líder de la organización -identificado por sus iniciales como R.J.Z-, fue detenido en el country Terralagos de la localidad bonaerense de Canning, en el partido de Ezeiza, donde a pedido del MPF, el juez Rodríguez habilitó la utilización de un dron con cámaras para monitorear los allanamientos, lo que fue de utilidad para poder detener en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó cargando una valija -que luego se descubrió contenía cerca de 12 millones de pesos- en una camioneta 4×4 que fue seguida e interceptada por los efectivos de la fuerza federal, cuando pretendía salir del barrio.
En los procedimientos se secuestraron más de 60 vehículos, unos 120 millones de pesos, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países (reales, pesos uruguayos, mexicanos de República Dominicana, entre otros), más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas y una gran cantidad de celulares (algunos nuevos y cerrados en sus cajas) que se encuentran bajo análisis para realizar un recupero de activos en el acto.
Es que, para estos allanamientos, y a pedido de los fiscales Marquevich y Velasco, el juez también habilitó la posibilidad de que en el caso de que los imputados no quisieran aportar la clave o el patrón de desbloqueo de sus dispositivos móviles, los efectivos podían realizar el procedimiento «de modo compulsivo» a través del patrón de desbloqueo de origen dactilar, lectura de iris o reconocimiento facial, mediante la fuerza mínima e indispensable y documentándose la diligencia mediante acta y con la presencia de testigos.
A su vez, se procedió al secuestro de documentación de interés, tres armas de fuego y de aproximadamente 12 kilogramos de marihuana que se encontraba fraccionada en bolsas de nailon tipo Ziploc en condiciones de ser comercializada.
La investigación se inició en mayo de 2023, a partir de datos aportados por un informante protegido en los términos de la Ley 27.319 de Investigación, Prevención y Lucha de los Delitos Complejos, quien dio cuenta de la existencia de una red que administraba sitios de juego ilegal y realizaba operaciones financieras orientadas al lavado de activos.
El análisis efectuado por la fiscalía permitió confirmar la existencia de una estructura criminal compleja y jerarquizada, encabezada por el imputado R.J.Z., que ofrecía juegos de azar en línea sin autorización estatal mediante distintas plataformas web y redes sociales. Entre los dominios detectados se encontraban www.celuapuestas.com, www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space.
«Celuapuestas.space», uno de los sitios de apuestas online clandestinas utilizadas por la organización.
El modus operandi: de la apuesta clandestina al blanqueo de capitales
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la organización montó y operó una plataforma clandestina de juegos de azar que funcionaba por fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. El flujo de dinero se generaba a través de una red de «franqueros» y «cajeros» que vendían fichas a los apostadores, gestionaban usuarios y difundían las plataformas a través de WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.
El dinero proveniente de esas operaciones se canalizaba luego a través de cuentas y billeteras digitales que, si bien eran controladas de facto por los líderes de la red, estaban formalmente registradas a nombre de testaferros, incluyendo familiares, empleados o personas sin capacidad económica real para justificar dichos movimientos, lo que permitía disfrazar la titularidad de los fondos y dificultar su rastreo.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados implementaron un sistema sostenido de lavado de activos que incluía depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias, -una técnica conocida como «pitufeo», con el fin de evitar los controles automáticos del sistema financiero-, retiros en efectivo, compras de bienes registrables, adquisición de inmuebles, inversiones en criptomonedas y la constitución de sociedades de fachada con objetos sociales diversos.
«De acuerdo con el análisis patrimonial y financiero realizado, tanto por este Ministerio Público Fiscal así como también por la Unidad de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional, se ha podido identificar un conjunto de operaciones bancarias, virtuales, en efectivo, inmobiliarias y de automotores que permiten estimar un total operado no inferior a U$S 4.471.290 (empresas y vehículos, sin contar propiedades)”, señalaron los fiscales Marquevich y Velasco en el dictamen donde solicitaron los allanamientos y detenciones.
En el mismo documento precisaron que dicha estimación se construyó a partir de la suma de las distintas operatorias que integran el proceso de lavado de activos en la Argentina por parte de la organización que incluyen:
Más de 200 vehículos adquiridos por un total aproximado de U$S 4.000.000.
U$S 471.290 invertidos en 31 estructuras societarias.
La adquisición de, por lo menos, 20 inmuebles ubicados en la localidad de Virrey del Pino, partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires (cuya valuación será́ propicia para futuras instancias).
A su vez, aclararon en el dictamen que “la suma total aproximada (U$S4.471.290), no contempla operaciones en efectivo no bancarizadas, flujos circulares entre miembros del grupo, operaciones bancarias, ni las valuaciones de los bienes inmuebles involucrados cuyo análisis integral excede el objeto de esta presentación».
Tras los allanamientos y sumando montos de acreditaciones y transferencias bancarias detectadas en cuentas de los implicados, desde la fiscalía indicaron que la cifras de dinero lavado por la organización podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de 17.000 millones de pesos.
Un complejo entramado societario y profesional
La investigación develó que el grupo se valió de la constitución de 31 sociedades para disimular el origen y destino de los activos. Estas empresas, con objetos sociales llamativamente diversos que iban desde el procesamiento de carne y la construcción hasta el desarrollo de software, la seguridad privada y la explotación de juegos de azar, contaban con un capital inicial conjunto que ascendía a 471.290 dólares, según la cotización oficial al momento de su creación.
Además, se verificó una alta concentración geográfica, con múltiples empresas compartiendo los mismos domicilios fiscales, y la recurrencia de los mismos directivos y profesionales en su constitución.
En este punto, fue crucial el rol de ciertos profesionales que habrían facilitado la creación y el mantenimiento de esta estructura. La acusación del MPF incluye a un contador que figuraba como responsable de varias de las empresas sospechadas, y a una abogada que habría participado en la inscripción de al menos 19 de estas sociedades. Ambos, en su carácter de sujetos obligados por la Ley 25.246, tenían el deber de informar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Dentro de la estructura financiera, la firma “Axon S.A.S.”, manejada por otros imputados, actuó como un nexo fundamental, funcionando como una financiera para transferir y distribuir gran parte del flujo de dinero ilícito entre las diversas cuentas bancarias y virtuales utilizadas por los imputados.
El avance de la investigación
Durante la etapa preliminar, la Fiscalía Federal de Hurlingham y la PROCELAC promovieron una serie de medidas probatorias para reconstruir el complejo flujo patrimonial de los investigados. Se solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil y de inteligencia financiera, y se dispusieron intervenciones telefónicas sobre los abonados registrados por los principales imputados.
Se requirieron informes a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y la UIF, los cuales, junto al análisis de los movimientos en billeteras electrónicas y la trazabilidad de fondos, revelaron que varios de los imputados carecían de actividad económica o capacidad contributiva que justificara las sumas millonarias detectadas a partir de 2023.
Las tareas investigativas continúan bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Hurlingham, con la asistencia de la PROCELAC, para profundizar el análisis del flujo patrimonial de los implicados, la identificación de nuevos bienes y cuentas asociadas, y la eventual cooperación internacional respecto de los activos detectados en el extranjero.
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