La organización criminal dedicada a realizar extorsiones telefónicas desde cárceles bonaerenses fue desarticulada tras comprobarse su participación en el hostigamiento que derivó en el suicidio del soldado del Ejército Argentino Rodrigo Gómez, quien prestaba funciones en la Quinta Presidencial de Olivos.
La investigación, llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Justicia Federal, permitió identificar a los autores intelectuales e instigadores del hecho. Según fuentes oficiales, los principales responsables son tres (3) hombres que se encontraban detenidos en las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, desde donde coordinaban maniobras delictivas. A ellos se suman cuatro (4) mujeres que actuaban como colaboradoras desde el medio libre. Una de ellas, se desempeñaba como empleada del Municipio de Morón y fue cesanteada inmediatamente tras quedar involucrada en la investigación judicial. Se trata de Karen Yael Cufré, quien trabajaba en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón hasta su detención. Así lo informaron las autoridades locales tras un Comunicado Oficial. Cufré había sido incorporada en 2025 como personal temporario, “conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitara”. De acuerdo al comunicado, la desvinculación se concretó semanas atrás. En el mismo texto, el Municipio de Morón aseguró que “ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”.
Los siete (7) imputados fueron incorporados al Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo y trasladados por el Grupo Especial de Intervención (GEI) desde alcaidías de la Policía Federal Argentina hacia establecimientos de máxima seguridad, donde quedarán alojados bajo estrictas condiciones de control.
Desde la cartera que conduce la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, remarcaron que el operativo representa un mensaje contundente contra las organizaciones que operan desde el sistema penitenciario.
“El mensaje para quienes no cumplen la ley es claro: quienes siembran el terror pierden todos sus privilegios dentro del Servicio Penitenciario Federal. El que las hace, las paga”, sostuvo la funcionaria.
La causa continúa bajo investigación judicial, mientras se profundizan las medidas para evitar que redes criminales continúen operando desde establecimientos carcelarios.
Rodrigo Gomez, víctima de la banda que extorsionaba desde la cárcel
El Comunicado Oficial de la Municipalidad de Morón
Elcondordemoron
